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Grupo Hedima

Grupo Hedima es una empresa española que se dedica a la formación y consultoría en áreas de desarrollo profesional y organizacional. Ofrece soluciones de aprendizaje y desarrollo para empresas y profesionales en diversos sectores. Sus servicios incluyen formación presencial y online, consultoría en gestión del talento, desarrollo de habilidades directivas, capacitación en tecnología y procesos, entre otros.

¿Desde cuándo usáis EcoGestor Legislación?

Desde 2016.

¿Para qué lo usáis?

Trabajamos mucho con la norma ISO 14001 y con la ISO 45001.

¿Qué es lo que más os gusta de EcoGestor Legislación?

Los informes de auditoría. Ves cuáles son las obligaciones legales que tiene cada delegación en función de la comunidad autónoma. Te indica de forma muy clara el porcentaje de obligaciones. Te permite cerrarlos en el año y guardarlos de un año para otro.

¿Qué es lo que más valoras?

El hecho de tener un consultor que te analiza los requisitos legales aplicables a cada empresa. Por ejemplo, estar en plena auditoría, no localizar algo y en vez de quedarte vendido, llamas y te dan lo que necesitas en el momento. La rapidez en el soporte y la respuesta rápida.

¿Cuál es vuestra funcionalidad favorita?

Dentro de las obligaciones, puedes programar los avisos de renovación y te saltan al correo. Así puedes despreocuparte de tareas como revisiones de extintores o consumos eléctricos.

¿Qué te gustaría ver en el futuro en la plataforma EcoGestor Legislación?

Temas de Inteligencia Artificial aplicados a interpretar legislación ambiental, por ejemplo.

¿Recomendarías EcoGestor Legislación?

Sí. Antes de contratarlo, hicimos búsqueda en el mercado y fue el software más completo que encontramos, por el hecho de ser herramienta más consultor por un precio bastante competitivo. Además, está la seguridad de que tus datos estén en servidores europeos.

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Te quitas el tiempo de revisar boletines, unas tres horas a la semana por lo menos, al final entrar a revisar BOEs de comunidades autónomas y provincias es mucho tiempo.

Antes lo teníamos todo en carpetas, teníamos que revisar si había alguna publicación nueva y perdías el tiempo de análisis y extracción, más el tiempo de trasladar a Excel todo a mano. Ahora, con los informes de aplicación, lo tienes todo unificado en una sola herramienta y de un vistazo lo ves todo. Para preparar las auditorías, abro, imprimo y listo.

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La Generalitat de Cataluña emite comunicado sobre la adaptación del Catálogo de Residuos aplicable desde el 13 de febrero de 2024.

El trece de febrero de 2024, la Generalitat de Cataluña anunció la adecuación de su Catálogo de Residuos, respondiendo a las nuevas disposiciones normativas establecidas por el Decreto 152/2017, de 17 de octubre. Este cambio normativo redefine las vías de gestión de los residuos en la región, reemplazando el marco anterior establecido por el Decreto 34/1996.

El Decreto 152/2017 impulsa cambios en la gestión de residuos en Cataluña

El 19 de enero de 2018 entró en vigor el Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de gestión de los residuos en Cataluña, se convirtió en el instrumento normativo que, bajo el criterio de simplificación administrativa y normativa, establecía las vías de gestión de los residuos que se producen o gestionan en Cataluña y que sustituían a las previstas en el Decreto 34/1996, de 9 de enero, por el que se aprueba el Catálogo de residuos de Cataluña.

La normativa, en vigor desde su publicación, ha establecido las directrices para la clasificación, codificación y gestión de residuos en Cataluña. No obstante, la evolución legislativa a nivel estatal ha llevado a una revisión necesaria del Catálogo de Residuos de Cataluña.

La Ley 07/2022 impulsa adaptaciones en el catálogo de residuos

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2022 de residuos y de suelos contaminados para una economía circular, en sus anexos II y III crea y desagrega, respectivamente, las operaciones de valorización y eliminación,  vías de gestión R/D de 4 dígitos distintas a las catalanas. La Agencia de Residuos de Cataluña ha respondido a este cambio, buscando simplificar y facilitar la gestión operativa de los residuos.

La Agencia de Residuos de Cataluña ha procedido a adaptar el Catálogo de Residuos de Cataluña, a dos niveles:

Incorporando los códigos de residuos (de 6 u 8 dígitos) que se derivan de las normativas de algunos flujos de residuos sometidos a Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAP), tales como RAEE, pilas y acumuladores y VFU.

Sustituyendo las vías de gestión R/D de 4 dígitos, vigentes hasta ahora, por las vías de gestión R/D de 4 dígitos aprobados mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (anexos II y III ).

Nueva configuración del Catálogo de Residuos: detalles de los cambios

La adaptación del Catálogo de Residuos de Cataluña implica la incorporación de códigos de residuos de 6 u 8 dígitos, derivados de normativas específicas, como los flujos de residuos sometidos a Sistemas de Responsabilidad Ampliada del Productor (SRAP), tales como RAEE, pilas y acumuladores y VFU.

La sustitución de las vías de gestión R/D de 4 dígitos, vigentes hasta ahora, por las vías de gestión R/D de 4 dígitos aprobados mediante la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular (anexos II y III)

Efectividad del cambio: desde el 13/02/2024, disponible en SDR

Desde el 13 de febrero de 2024, las modificaciones en el Catálogo de Residuos son efectivas y accesibles a través del Sistema Documental de Residuos (SDR). Estas actualizaciones buscan alinear la gestión de residuos en Cataluña con las normativas actuales, promoviendo una transición hacia una economía circular más sostenible.

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La movilidad sostenible se ha convertido en un tema central en la agenda gubernamental de muchos países, incluyendo España. En este artículo, exploramos los aspectos clave de esta nueva ley, incluido qué es, cuándo entrará en vigor, cuándo será obligatorio disponer de un plan de movilidad y cuál es su objetivo principal.

¿Cuándo entra en vigor la Ley de movilidad sostenible?

El Consejo de Ministros dio luz verde, el 13 de febrero de 2024, al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible. Éste se remitirá a las Cortes Generales para su tramitación por la vía de urgencia y aprobación en 2024. Un paso adelante en el marco de los objetivos acordados con la Comisión Europea en la Adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El Gobierno ha aprobado el mismo texto validado en diciembre de 2022, que decayó como Proyecto de Ley al disolverse el Congreso y el Senado por la convocatoria de elecciones de generales.

Durante el trámite parlamentario, el texto legislativo está abierto a las enmiendas que puedan presentar los diputados y grupos parlamentarios.

¿Cuándo es obligatorio disponer de un plan de movilidad?

La nueva ley establece la obligación de que las Administraciones velen por incentivar y promover soluciones sostenibles. Deben priorizar la movilidad activa y el transporte público colectivo. Se trata de avanzar en la transformación «de la ciudad de los coches» a la “ciudad de las personas».

Uno de los aspectos más destacados de esta ley es que solo obligará a los centros de trabajo de 500 o más trabajadores, o 250 por turno, a establecer planes de movilidad sostenible para su plantilla.

Estos planes se consideran una herramienta imprescindible para avanzar en el impulso de la movilidad sostenible en los trayectos de ida y vuelta al trabajo. Las empresas podrán optar por distintas alternativas como potenciar la movilidad activa, la eléctrica, la compartida o el transporte colectivo o bien apostar por flexibilizar los horarios de entrada y salida y el teletrabajo. A pesar de que en España solo hay 2,480 empresas de este tamaño, lo que representa el 0.2% del total, esta medida marca un compromiso significativo hacia prácticas de movilidad más sostenibles. Desde su entrada en vigor, se dará un plazo de 18 meses para que las empresas, públicas o privadas, diseñen e implanten dicho plan de movilidad sostenible.

La implementación llevará consigo la obligatoriedad de hacer un seguimiento de forma periódica. El informe deberá presentarse en un plazo de dos años, y renovarse cada dos años y recogerá el nivel de implantación de las distintas actuaciones y medidas.

Asimismo, se establecen mayores exigencias en la planificación de los transportes y la movilidad. A nivel estatal se elaborará un Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM) y para los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes, se establecen los Planes de Movilidad Urbana Sostenible Simplificados.

A su vez, se establece que los planes de movilidad urbana sostenible deben contener medidas de ordenación de la distribución urbana de mercancías. También deben cooperar con otros municipios colindantes para el establecimiento de criterios homogéneos para facilitar el transporte y la logística de última milla entre núcleos urbanos colindantes.

¿Cuál es el objetivo principal de la movilidad urbana sostenible?

El objetivo principal de la movilidad urbana sostenible es transformar la forma en que nos movemos en las ciudades para reducir el impacto ambiental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Algunos de los objetivos clave incluyen la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la promoción del transporte público y el fomento de modos de transporte más limpios, como la bicicleta y la movilidad eléctrica. Además, se busca reducir la congestión del tráfico y mejorar la seguridad vial.

Los cuatro pilares de la Ley

• La movilidad como un derecho social: desarrollar una gobernanza efectiva para la movilidad. Esto se conseguirá, por un lado, con la creación del Sistema Nacional de Movilidad Sostenible. Por otro, con la regulación flexible de servicios de movilidad. Aquí se incluyen alternativas innovadoras al coche privado.
• Movilidad limpia y saludable: promover la movilidad limpia y sostenible. Se incluye el uso de energías alternativas en puertos y aeropuertos y la gestión ambiental y energética en servicios de transporte. También se busca fomentar medios de movilidad sostenibles en entornos urbanos, priorizando la movilidad activa, el transporte público y esquemas de alta ocupación.
• Un sistema de transporte digital e innovador: mejorar la gestión de políticas públicas y la experiencia del usuario con la disponibilidad de datos en formato digital. Además, creación de aplicaciones para planificar viajes.
• Invertir mejor al servicio de los ciudadanos: Se fortalecen las bases para garantizar una planificación rigurosa de las infraestructuras de transporte. Se refuerzan los criterios de priorización para las inversiones. Se llevarán a cabo evaluaciones ex post de las infraestructuras ejecutadas para optimizar la toma de decisiones.

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El Consejo de Ministros ha aprobado, este martes, el proyecto de ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. Por primera vez España toma medidas contra el desperdicio alimentario, cumpliendo así uno de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de reducir a la mitad el desperdicio de alimentos.

Durante el año 2022, cada hogar español desperdició, de media, aproximadamente 65,5 kilos o litros de alimentos y bebidas. Datos como éste hacían necesario un marco legal centrado en la prevención y la concienciación.

Objeto y fin de la ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario

Los principales objetivos de este Proyecto de Ley son los siguientes:

• Prevención y reducción de las pérdidas y desperdicio de alimentos por parte de todos los agentes de la cadena alimentaria
• Establecer una jerarquía de prioridades
• Facilitar la donación de alimentos y contribuir a satisfacer las necesidades alimentarias de la población más vulnerable

La finalidad general es lograr una producción y consumo más sostenible y sensibilizar, formar y movilizar a todos los agentes de la cadena en una gestión adecuada de los alimentos.

Fines específicos de la ley de desperdicio alimentario

• Disminuir pérdidas y desperdicio de alimentos.
• Sensibilizar e informar a agentes de la producción, transformación, distribución, hostelería, restauración, personas consumidoras y ciudadanía en general y favorecer actividades de concienciación
• Fomentar donación de alimentos.
• Promover recuperación y distribución de excedentes de alimentos con fines de solidaridad social.
• Favorecer investigación e innovación en el ámbito de la prevención y reducción
• Respuesta al objetivo sobre producción y consumo responsables de la Agenda 2030.
• Reducir emisiones de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes.

Jerarquía de prioridades de la ley de desperdicio alimentario

La ley establece una jerarquía de prioridades, para todos los agentes de la cadena alimentaria, para prevenir pérdidas y desperdicio alimentario. Según se indica en la ley siempre se aplicará la jerarquía, aunque deja la posibilidad de adaptar las actuaciones conforme a las características del sector, en cuyo caso se deberán justificar los motivos. Los agentes de la cadena alimentaria, para la prevención de las pérdidas y del desperdicio alimentario, deben adaptar sus actuaciones a la siguiente jerarquía de prioridades:

1. Donación y redistribución: la donación de alimentos y otros tipos de redistribución para consumo humano.
2. Transformación: la transformación de los productos que no se han vendido ((zumos, mermeladas), pero que siguen siendo aptos para el consumo humano, en otros productos alternativos.
3. Alimentación animal y piensos: la alimentación animal y la fabricación de piensos dentro del correspondiente marco regulatorio y en particular la Orden Ministerial APM 189/2018, de 20 de febrero, por la que se determina cuando los residuos de producción procedentes de la industria agroalimentaria destinados a alimentación animal, son subproductos con arreglo a la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
4. Subproductos: su uso como subproductos en otra industria.
5. Reciclado: reciclado y, en particular, a la obtención de compost y digerido de máxima calidad para su uso en los suelos con el objetivo de producir un beneficio a los mismos, y, cuando no sea posible lo anterior, para la valorización energética mediante la obtención de biogás o de combustibles. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 7/2022, de 8 de abril.

Obligaciones para todos los agentes

Se establecen una serie de obligaciones aplicables a todos los agentes:

• Aplicar a las pérdidas y desperdicio alimentario la jerarquía de prioridades
• Aplicar las medidas previstas en el artículo 19 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, para la reducción de los residuos alimentarios, en especial las disposiciones relativas a la donación de alimentos (básicamente ese artículo establece la misma jerarquía de prioridades)
• Colaborar con las Administraciones para la cuantificación de los residuos alimentarios de cara al cumplimiento de la obligación prevista en el artículo 65.5.b) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, derivada del artículo 9.5 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.
• Ninguna estipulación contractual podrá impedir expresamente la donación de alimentos, siendo nula de pleno derecho
• Plan de prevención de pérdidas y desperdicio
• Acuerdos o convenios para donar sus excedentes

Contratos de acuerdos de donación

El acuerdo o convenio de donación previsto deberá contemplar al menos el siguiente contenido:

1. Las condiciones de la recogida, transporte y almacenamiento de los productos.
2. Los compromisos de los agentes de la cadena.
3. La selección de los alimentos a donar la hará el agente donante.
4. La posibilidad de que la organización receptora rechace la donación, debiendo quedar debidamente justificado. El agente donante deberá aplicar la jerarquía de prioridades contemplada en el apartado 1 del artículo 5 para la gestión de la donación rechazada.

Quedarán exceptuados de la obligación de realizar estos convenios de donación las actividades de distribución alimentaria desarrolladas en establecimientos con una superficie útil de exposición y venta al público inferior o igual a 1.300 m².

Obligaciones específicas para las empresas de hostelería y restauración

Las empresas de hostelería tendrán la obligación de facilitar al consumidor que pueda llevarse los alimentos que no haya consumido sin coste adicional alguno en envases reutilizables o fácilmente reciclables, si bien debe cobrar por los envases de plásticos de un solo uso como establece la Ley de residuos 7/2022.

Buenas prácticas en empresas que venden a consumidor final

Las Administraciones públicas junto con las empresas que venden alimentos al consumidor final podrán aplicar las siguientes medidas:

• Disponer de infraestructuras adecuadas para que los procesos de manipulación, almacenamiento y transporte se lleven a cabo en las condiciones óptimas, que minimicen las pérdidas y el desperdicio alimentario.
• Trabajar en el desarrollo de protocolos específicos para reducir a mínimos las pérdidas y el desperdicio alimentario a lo largo de la cadena de transporte y almacenamiento.
• Incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades. Además, el Gobierno llevará a cabo acciones formativas y divulgativas sobre la correcta interpretación de las fechas de caducidad y consumo preferente.
• En el caso de los establecimientos de comercio al por menor, disponer de líneas de venta con productos «feos», «imperfectos» o «poco estéticos», promover el consumo de los productos de temporada, los de proximidad, los ecológicos y los ambientalmente sostenibles e incorporar y mejorar la información sobre el aprovechamiento de los alimentos.
• Formar y sensibilizar a las personas, ya sean sujetas a una relación laboral o de voluntariado, para que actúen de forma activa en la prevención y reducción de las pérdidas y el desperdicio alimentario e implicarles en esta acción.
• Exponer en lugar visible para las personas consumidoras propuestas de divulgación de las Administraciones competentes relativas a una mejor planificación de los menús, de sus compras, compra sostenible (tales como alimentos frescos, de temporada, locales o ecológicos), cocina de reaprovechamiento, buenas prácticas de almacenamiento, correcta interpretación de las fechas de caducidad y de consumo preferentemente, y reciclaje y materiales de envasado para sensibilizar al consumidor sobre estas cuestiones.

Buenas prácticas para el sector de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios

Las Administraciones públicas junto con el sector de la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios podrán aplicar las siguientes medidas:

• Fomentar la incorporación de criterios de compra sostenible (tales como alimentos frescos, de temporada, locales o ecológicos) para reducir la huella ambiental y promocionar la economía de proximidad, sin perjuicio del régimen especial de aquellas empresas del sector de la restauración y la hostelería y otros proveedores de servicios alimentarios que por sus especiales características o su temática deban adquirir productos que no sean los de proximidad para garantizar que se ajustan a los servicios ofrecidos a y la expectativa del consumidor al estar vinculados con la imagen de los mismos.
• Promover la flexibilización de los menús, para que el consumidor pueda elegir la guarnición o raciones de distinto tamaño.
• Fomentar la donación de alimentos con fines sociales
• Fomentar la entrega a instalaciones de compostaje de los restos alimentarios conforme a la normativa de residuos.

Toda la legislación, a un click

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Los productores de producto, según el Real Decreto 1055/2022 (envasadores e importadores) deben aplicar un plan empresarial de prevención y ecodiseño con carácter quinquenal.

¿Quiénes deben disponer de Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño de envases?

Los productores de producto que introduzcan en el mercado una cantidad de envases igual o superior a las siguientes cantidades:

• 250 toneladas, si se trata exclusivamente de vidrio,
• 50 toneladas, si se trata exclusivamente de acero,
• 30 toneladas, si se trata exclusivamente de aluminio,
• 20 toneladas, si se trata exclusivamente de plástico,
• 20 toneladas, si se trata exclusivamente de madera,
• 15 toneladas, si se trata exclusivamente de cartón o materiales compuestos.
• 300 toneladas, si se trata de varios materiales y cada uno de ellos no supera, de forma individual, las anteriores cantidades.

El cálculo de estos umbrales computa por la totalidad de envases puestos en el mercado, independientemente de su destino (doméstico, comercial o industrial) y de su grado de agrupación (primario, secundario o terciario).

¿Desde cuándo es obligatorio disponer del plan?

Los nuevos planes empresariales de prevención y ecodiseño deben elaborarse y aplicarse a partir de 2024, siempre que en el año anterior al que nos encontremos se superasen las cantidades de envases introducidas mencionadas anteriormente.

Estos planes deben estar a disposición de las autoridades competentes de la comunidad autónoma para el ejercicio de sus competencias de seguimiento, inspección y control, pero no se debe presentar el plan antes de su aplicación, sino que al finalizar el periodo de validez de 5 años se debe presentar un el informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas en el plazo de tres meses tras la finalización del plan, a la Comunidad Autónoma donde tengan la sede social.

¿Qué incluye el Plan Empresarial de Prevención y Ecodiseño ?

Estos planes empresariales de prevención y ecodiseño deben incluir un resumen del grado de consecución de objetivos de los planes anteriores. También deben incorporar los nuevos objetivos de prevención cuantificados, las medidas previstas para alcanzarlos y los mecanismos de control para comprobar su cumplimiento. Estos incluirán, al menos, la siguiente información diferenciada por envases primarios, secundarios y terciarios:

• Aumento de la proporción de la cantidad de envases reutilizables en relación con la cantidad de envases de un solo uso.
• Aumento de la proporción de la cantidad de envases reciclables en relación con la cantidad de envases no reciclables.
• Mejora de las propiedades físicas y de las características de los envases, o el cambio hacia la utilización de este tipo de envases, que les permitan bien soportar mayor número de rotaciones, en caso de su reutilización en condiciones de uso normalmente previsibles, o bien mejorar su reciclabilidad.
• Mejora de las propiedades físicas y de la composición química de los envases de cara a reducir la nocividad y peligrosidad de los materiales contenidos en ellos y a minimizar los impactos ambientales de las operaciones de gestión de los residuos a que den lugar.
• Disminución en peso del material empleado por unidad de envase, especialmente los de un solo uso, hasta los límites que permitan su viabilidad, sin comprometer la reciclabilidad del envase.
• Reducción, respecto del año precedente, del peso total de los envases de cada material puestos en el mercado, especialmente los de un solo uso, en relación con los productos puestos en el mercado por los productores de producto.
• No utilización de envases superfluos y de envases de un tamaño o peso superior al promedio estadístico de otros envases similares.
• Utilización de envases cuya relación entre el continente y el contenido, en peso, sea más favorable que la media, tomando en consideración cada uno de los materiales.
• Incorporación de materias primas secundarias, procedentes del reciclaje de residuos de envases, en la fabricación de nuevos envases hasta los porcentajes técnica y económicamente viables y que, al mismo tiempo, permitan cumplir los requisitos básicos sobre la composición y naturaleza de los envases reutilizables y valorizables, incluidos los reciclables, establecidos en el anexo III.

¿Cómo se elaboran estos planes? Individual o colectivamente

Los planes empresariales de prevención y ecodiseño pueden elaborarse de forma individual por los productores de producto. También los pueden elaborar los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor en los que participen.

En caso de que opten que lo elabore un sistema colectivo el productor debe:

• Seleccionar las medidas incluidas en el Plan o Planes a las que darían cumplimiento. Asimismo, informar de ello al sistema colectivo responsable de la elaboración del Plan.
• Remitir, anualmente, la información sobre el grado de cumplimiento de estas medidas al sistema colectivo. También tenerla a disposición de las autoridades competentes a los efectos de seguimiento, inspección y control.

En caso de que opten por la elaboración de un plan individual, los productores de producto deben remitir un informe. Éste debe entregarse en el plazo de tres meses tras la finalización del plan, a la comunidad autónoma donde tengan la sede social.

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