El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha iniciado los trabajos para una reforma en profundidad de la normativa española en materia de prevención de riesgos laborales, a través de la apertura de la consulta pública previa a la elaboración del Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, así como del Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero.
La consulta pública fue publicada el 8 de enero de 2026 a las 14:30 horas, y el plazo para la presentación de aportaciones permanece abierto desde el 9 de enero hasta el 23 de enero de 2026 a las 23:00:59, permitiendo la participación de organizaciones, empresas, profesionales de la prevención y ciudadanía en general.
Una reforma para adaptar la prevención a los nuevos riesgos del trabajo
El objetivo principal de esta reforma es actualizar y modernizar el marco normativo preventivo, adecuándolo a la evolución de las relaciones laborales, los cambios organizativos y los nuevos riesgos emergentes en los entornos de trabajo.
Entre los ejes fundamentales de la modificación normativa destaca la necesidad de visibilizar y gestionar de forma más eficaz riesgos que han ganado protagonismo en los últimos años, como:
- Los riesgos psicosociales, incluyendo el estrés laboral, la sobrecarga de trabajo o la falta de desconexión digital.
- Los riesgos derivados del cambio climático, especialmente en actividades al aire libre o expuestas a temperaturas extremas.
- Los riesgos asociados al trabajo a distancia y a la digitalización de la economía, cada vez más presentes en un número creciente de sectores.
Perspectiva de género, edad y diversidad generacional
La reforma también aspira a integrar de manera efectiva la perspectiva de género en la gestión preventiva, garantizando una protección real y equitativa para todas las personas trabajadoras, independientemente de su sexo.
Asimismo, se incorpora de forma transversal la edad y la diversidad generacional, impulsando la adaptación de los puestos de trabajo a la evolución de las capacidades psicofisiológicas de las personas trabajadoras a lo largo de su vida laboral.
En esta línea, se prevé igualmente un refuerzo específico de la protección de las trabajadoras embarazadas o en situación de lactancia, con el objetivo de mejorar la prevención de riesgos en estas situaciones especialmente sensibles.
Refuerzo de la organización preventiva y de los servicios de prevención
Otro de los pilares clave de la reforma es el fortalecimiento de la organización preventiva en las empresas, aumentando la presencia y el peso de las personas trabajadoras con funciones preventivas para garantizar una aplicación real, eficaz y controlada de la acción preventiva.
Destaca, además, la creación de agentes territoriales de prevención, concebidos para reforzar la prevención en empresas y centros de trabajo que carecen de representación legal de las personas trabajadoras, una medida que tendrá un impacto especialmente positivo en las pequeñas y medianas empresas (PYMES).
La futura norma también plantea mejorar el funcionamiento y control de las entidades especializadas acreditadas como servicios de prevención, así como de los registros en los que se encuentran inscritas, y revisar la formación exigida a los profesionales que desarrollan funciones preventivas de nivel básico, intermedio y superior.
Mayor protección para personas trabajadoras autónomas
La reforma contempla igualmente incrementar la protección de las personas trabajadoras autónomas, especialmente cuando desarrollan su actividad de forma concurrente con otras empresas o con otras personas autónomas, una situación cada vez más habitual en el actual modelo productivo.
Un objetivo estratégico: reducir la siniestralidad laboral
En conjunto, la modificación normativa pretende dotar a las empresas de instrumentos y garantías actualizadas para generar entornos de trabajo seguros y saludables, mejorando el bienestar de las personas trabajadoras y contribuyendo, al mismo tiempo, a la competitividad, productividad y crecimiento del tejido empresarial.
Esta reforma se alinea con el objetivo prioritario de reducir la siniestralidad laboral, que constituye el eje número uno de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027.
Diálogo social para una normativa adaptada al presente
Para alcanzar estos objetivos, se ha constituido una mesa de diálogo social en la que participan los interlocutores sociales, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), el gabinete del Secretario de Estado de Trabajo y la Dirección General de Trabajo. Este espacio de trabajo permitirá consensuar una actualización de la legislación preventiva que responda a los nuevos desafíos del mundo del trabajo y de las organizaciones productivas.
La consulta pública supone, así, un primer paso clave en la configuración de una normativa preventiva más moderna, inclusiva y eficaz, adaptada a la realidad laboral del siglo XXI.
EcoGestor Legislación
Desde EcoGestor Legislación seguiremos de cerca la evolución de esta reforma clave para la prevención de riesgos laborales, informando de manera rigurosa y actualizada sobre cada avance normativo, los textos que se vayan aprobando y su impacto real en las organizaciones. Nuestro objetivo es ayudar a empresas y profesionales a anticiparse a los cambios legales, garantizar el cumplimiento normativo y adaptar sus sistemas de gestión preventiva a las nuevas exigencias regulatorias.
