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Nueva Directiva (UE) 2024/825 y el enfoque contra el greenwashing: ¿qué es y qué implicaciones tendrá para las empresas?
Nueva Directiva (UE) 2024/825 y el enfoque contra el greenwashing: ¿qué es y qué implicaciones tendrá para las empresas? 1200 800 Eurofins EcoGestor

La Directiva (UE) 2024/825 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de 2024, ha sido aprobada con un objetivo ambicioso y estratégico: empoderar a las personas consumidoras para la transición ecológica mediante una mejor protección frente a prácticas comerciales desleales y una información más clara y fiable sobre las características ambientales y sociales de bienes y servicios.  

Este nuevo marco europeo, en esencia, refuerza la lucha contra el llamado greenwashing —prácticas de marketing en las que empresas dan información ambigua, exagerada o falsa sobre beneficios ambientales para atraer clientela— y amplía las obligaciones de transparencia y veracidad en las comunicaciones comerciales.  

¿En qué consiste la Directiva? 

La Directiva modifica principalmente dos normas clave del Derecho de la Unión:

  • la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales y
  • la Directiva 2011/83/UE sobre derechos de las personas consumidoras.

Su enfoque es doble:

  1. Protección contra prácticas engañosas que dificultan que la persona consumidora tome decisiones de compra ambientalmente responsables, como: 
    • Afirmaciones ambientales o sociales engañosas sobre productos (por ejemplo, “eco-friendly” sin respaldo objetivo). 
    • Información poco clara o difícil de verificar sobre características como reparabilidad, durabilidad o reciclabilidad. 
    • Comparaciones ambiguas entre productos que pueden inducir a error.  
  2. Mejora de la información precontractual que las empresas deben proporcionar antes de la compra, especialmente en relación con: 
    • la disponibilidad de opciones de entrega más sostenibles, 
    • información sobre servicios de reparación y posventa, 
    • detalles de garantías de durabilidad o las condiciones de actualizaciones de software en bienes digitales.  

En conjunto, estas medidas buscan que los consumidores puedan comparar y elegir productos de forma más consciente y sostenible, y que las empresas compitan en base a hechos —no a afirmaciones ambiguas— sobre sostenibilidad.

¿Qué es greenwashing y cómo lo combate esta Directiva? 

El greenwashing se refiere a prácticas de marketing en las que una empresa presenta sus productos o servicios como más ecológicos de lo que realmente son o utiliza términos vagos sin soporte verificable. La Directiva actúa aquí en dos frentes: 

  • Amplía las prácticas consideradas desleales cuando inducen a error sobre beneficios ambientales.
  • Exige que las afirmaciones medioambientales estén respaldadas por compromisos claros, objetivos, verificables públicamente y acompañados de planes de ejecución con recursos asignados. 

Esto implica que una empresa no podrá simplemente afirmar que un producto es ‘ecológico’ o ‘neutral’ sin proporcionar evidencia verificable y accesible sobre cómo se llega a esa conclusión.  

Plazos claves para empresas en la UE 

  • Plazo de transposición:

Los Estados miembros deberán incorporar el contenido de la Directiva a su legislación nacional antes del 27 de marzo de 2026.  

En el caso de España, este proceso ya ha comenzado con la elaboración del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible, que servirá como instrumento normativo para adaptar el ordenamiento jurídico español a las nuevas exigencias europeas en materia de información ambiental, lucha contra el greenwashing y protección de las personas consumidoras. 

  • Aplicación efectiva:

Las normas podrán aplicarse a partir del 27 de septiembre de 2026, fecha en la que podrán imponerse sanciones o exclusiones de contratos por incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva.  

Este calendario es clave para que las empresas se preparen con antelación y adapten sus procesos de comunicación, etiquetado y gestión de información ambiental.  

¿Qué obligaciones tendrán las empresas? 

Las empresas que operen en el mercado de la UE deberán: 

  • Garantizar que toda declaración medioambiental o social sea clara, verificable y fiable.
  • Evitar afirmaciones ambiguas o sin sustento que puedan inducir a error a las personas consumidoras (greenwashing).
  • Proporcionar información detallada y accesible sobre características relevantes del producto o servicio —incluyendo aspectos de circularidad y sostenibilidad— antes de la compra.
  • Facilitar comparaciones objetivas entre productos cuando se incluyan datos ambientales.
  • Incluir información sobre reparación, durabilidad, disponibilidad de piezas y servicios posventa, cuando corresponda.  

Asimismo, los comerciantes pueden estar obligados a verificar ciertas afirmaciones mediante terceros expertos independientes, especialmente cuando se haga referencia a objetivos o metas de sostenibilidad específicas.  

Conclusión

La Directiva (UE) 2024/825 representa un paso importante de la Unión Europea para combatir el greenwashing y fortalecer los derechos de las personas consumidoras en su transición hacia patrones de consumo más sostenibles. 

Para las empresas, implica un aumento de obligaciones en materia de transparencia, verificación y presentación de información ambiental y social, con un impacto directo en estrategias de comunicación, marketing y cumplimiento normativo. 

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Ley Movilidad Sostenible

Publicada la Ley de Movilidad Sostenible 
Publicada la Ley de Movilidad Sostenible  1200 800 Eurofins EcoGestor

El Boletín Oficial del Estado ha publicado hoy, jueves, 4 de diciembre, la Ley 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible. Ésta entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Se trata de una norma de carácter transversal que redefine la movilidad como un derecho ciudadano y establece un marco integral para garantizar desplazamientos más seguros, inclusivos y respetuosos con el medio ambiente.

Objetivos principales de la Ley de Movilidad Sostenible

  • Establecer los principios generales que permitan desarrollar un sistema multimodal integrado de movilidad a un coste razonable para el usuario adaptado al entorno y a las necesidades de cada momento.
  • Facilitar la existencia de un sistema de transportes multimodal de mercancías y logística eficiente, sostenible y resiliente.
  • Impulsar la progresiva descarbonización del transporte y la movilidad que permita contribuir a alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050.

Principios rectores del nuevo modelo

La ley se fundamenta en varios principios clave:

  • Movilidad como derecho ciudadano que los poderes públicos deben proteger.
  • Equidad social y territorial, asegurando igualdad de acceso en todo el país.
  • Sostenibilidad triple: económica, energética y ambiental.
  • Innovación y digitalización, aprovechando la tecnología para mejorar servicios.
  • Lucha contra el cambio climático, con metas alineadas con la Agenda 2030.

Medidas que establece la Ley de Movilidad Sostenible

La norma establece nuevas exigencias para administraciones y empresas:

  • Se crea y regula el Sistema General de Movilidad Sostenible, con diversos instrumentos para su desarrollo: el Foro Territorial de Movilidad Sostenible, el Consejo Superior de Movilidad Sostenible y el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM).
  • Se regula el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS) como marco de condiciones orientativas para la planificación y gestión sostenible del transporte.
  • Se establece el Instrumento de Planificación Estratégica Estatal en Movilidad (IPEEM) y su equivalente para las comunidades autónomas.
  • Se permite a los municipios introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones.
  • Se sientan las bases para regular la futura operación de los vehículos automatizados de pasajeros y mercancías.

Obligaciones que establece la Ley de Movilidad Sostenible

  • Se recogen obligaciones para la elaboración de planes de movilidad sostenible de:
    -Entidades locales de más de 20.000 y menos de 50.000 habitantes.
    -Grandes centros de actividad.
    -Planes de movilidad sostenible al trabajo: todos los centros de trabajo con más de 200 trabajadores o 100 por turno deberán tener un plan de movilidad en 24 meses desde la entrada en vigor de la ley.
  • Se obliga a las Administraciones y a los gestores de las infraestructuras a disponer de protocolos de actuación ante episodios de alta contaminación.
  • Las empresas que ofrecen un servicio de transporte deberán realizar el cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el plazo de 1 año desde que se apruebe la metodología.
  • Se establece un plazo de 6 meses para que las entidades de distribución eléctrica pongan a disposición del Ministerio la información relativa a las características y capacidades de la red eléctrica en los puntos de recarga eléctrica, en los términos que se establezcan mediante orden ministerial.

¿Cuándo será obligatorio disponer de un plan de movilidad?

Las empresas y las entidades pertenecientes al sector público deberán disponer, en el plazo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor de esta ley, de planes de movilidad sostenible al trabajo para aquellos centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno cuyo centro de trabajo habitual sea dicho centro de actividad.

Dicha obligación será aplicable también a las entidades pertenecientes al sector público estatal de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, para aquellos centros de trabajo con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno. Asimismo, podrá ser de aplicación a otras entidades pertenecientes al sector público si así lo establece la Administración competente en materia de transporte y movilidad en el ámbito territorial correspondiente.

Estos planes contemplarán el impulso de la movilidad activa, el transporte colectivo, la movilidad de bajas emisiones, soluciones de movilidad tanto compartida como colaborativa, el uso y recarga de vehículos cero emisiones, o el teletrabajo, entre otros.

Los planes de movilidad sostenible al trabajo deberán ser objeto de un seguimiento que permita evaluar el nivel de implantación de las actuaciones y medidas recogidas en el plan. En todo caso, y sin perjuicio de otras actuaciones, en el plazo de dos años desde su aprobación, las entidades públicas y empresas deberán elaborar un informe de seguimiento sobre el nivel de implantación de las actuaciones y medidas del plan, que se repetirá cada dos años de vigencia del plan.

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real decreto gases fluorados

En marcha el nuevo Real Decreto sobre gases fluorados y refrigerantes naturales
En marcha el nuevo Real Decreto sobre gases fluorados y refrigerantes naturales 1200 800 Eurofins EcoGestor

El Gobierno de España prepara un nuevo Real Decreto sobre gases fluorados de efecto invernadero, refrigerantes naturales y los equipos que los contienen, cuyo borrador ha estado en información pública en 2025. La norma sustituirá al Real Decreto 115/2017, reforzando el marco legal para la comercialización, uso y formación de profesionales, y adaptando el ordenamiento español a los Reglamentos (UE) 2024/573 y 2024/590 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El texto se enmarca en la estrategia del Pacto Verde Europeo y en el objetivo de alcanzar una Unión Europea climáticamente neutra en 2050, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA o GWP) y regulando las sustancias que agotan la capa de ozono.

Una regulación más estricta y adaptada a los nuevos reglamentos europeos

El proyecto de real decreto responde a la necesidad de actualizar y reforzar el control sobre la comercialización y manipulación de gases fluorados, alineándose con las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/573, que endurece el sistema de cuotas de importación y producción de hidrofluorocarbonos (HFC) hasta reducirlos a cero en 2050.

Entre sus principales objetivos, la futura norma busca:

  • Reducir las emisiones derivadas del uso de gases fluorados mediante el impulso de refrigerantes naturales (como el CO₂, NH₃ o propano).
  • Controlar la comercialización de equipos que empleen gases fluorados de alto PCA, limitando su puesta en el mercado cuando existan alternativas seguras.
  • Reforzar la trazabilidad y la transparencia mediante la creación de registros electrónicos unificados para empresas, instaladores, centros formativos, equipos y gases utilizados.
  • Regular la formación y certificación de profesionales que manipulen estos gases o sus sustitutos, con nuevos certificados personales adaptados al Reglamento (UE) 2024/573, válidos en toda la Unión Europea.

Formación y certificación de profesionales

El Título II del proyecto establece un nuevo sistema de certificación profesional dividido en distintas categorías (A1 a M4), según el tipo de instalación o gas manipulado. Por ejemplo:

  • Los certificados A1 y A2 habilitarán para trabajar con equipos de refrigeración o climatización con diferentes cargas de refrigerantes.
  • Los certificados B, C y D estarán vinculados al uso de CO₂, amoníaco o gases fluorados en sistemas de pequeña carga.
  • Los certificados F y H cubrirán los equipos de protección contra incendios y la aparamenta eléctrica.

Comercialización, etiquetado y trazabilidad

El Título III del proyecto de real decreto detalla las obligaciones de distribuidores y comercializadores, entre ellas:

  • Sólo podrán venderse gases fluorados a empresas habilitadas o fabricantes certificados.
  • Los equipos precargados deberán ser instalados por empresas acreditadas y registrados electrónicamente.
  • Se refuerza el etiquetado obligatorio en castellano, indicando el tipo de gas, la cantidad y su potencial de calentamiento global (PCA).
  • Se establecen restricciones a la venta e instalación de equipos con gases fluorados de alto impacto climático, salvo excepciones justificadas por razones de seguridad.

El nuevo registro electrónico unificado, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incluirá secciones para profesionales certificados, centros formativos, equipos instalados y uso de gases en hospitales, garantizando un seguimiento digital completo de la cadena de suministro y uso.

Refuerzo del control ambiental y prevención de fugas

El proyecto introduce nuevos requisitos técnicos para instalaciones que emitan gases fluorados y obliga a recuperar los gases contenidos en espumas de aislamiento antes de la demolición o reforma de edificios. También prevé la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad en la lucha contra el tráfico ilegal de gases fluorados. Por último, incluye la posibilidad de subastar gases incautados cumpliendo las normas ambientales.

El texto, estructurado en siete títulos y varios anexos, culmina con un régimen sancionador reforzado que remite a la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Deroga expresamente el Real Decreto 115/2017.

Estar al día: una herramienta clave para el cumplimiento

La nueva normativa sobre gases fluorados supondrá un cambio profundo para empresas instaladoras, distribuidores, fabricantes, técnicos y gestores ambientales. En un contexto de creciente exigencia regulatoria, anticiparse a los cambios será esencial para evitar incumplimientos y sanciones.

EcoGestor Legislación permite consultar en tiempo real las novedades legislativas en materia de cambio climático, atmósfera y residuos. Además, ofrece alertas, análisis y seguimiento de los proyectos normativos como éste.

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real decreto aceites industriales

En proyecto un nuevo Real Decreto de aceites industriales: hacia una gestión más sostenible y trazable
En proyecto un nuevo Real Decreto de aceites industriales: hacia una gestión más sostenible y trazable 1200 800 Eurofins EcoGestor

La regulación española sobre aceites industriales y sus residuos se actualizará para alinearse con los principios de economía circular y reforzar la responsabilidad ampliada del productor.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cerró el 31 de julio de 2025 el periodo de información pública del Proyecto de Real Decreto por el que se regularán los aceites industriales y sus residuos, una norma que sustituirá al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, y que marcará un punto de inflexión en la gestión de este flujo de residuos peligrosos.

El proyecto de real decreto actualiza lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006 para adaptar el régimen jurídico de los aceites industriales a lo establecido en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y al progreso técnico, en línea con los principios de economía circular, autosuficiencia y proximidad. En particular, establece el régimen jurídico aplicable a la producción y gestión de los aceites industriales usados y define la responsabilidad ampliada de los productores de aceites industriales puestos en el mercado nacional.

Una revisión necesaria ante los nuevos retos medioambientales

Los aceites industriales —imprescindibles en automoción, maquinaria y procesos industriales— generan, al final de su vida útil, un residuo con alto potencial contaminante. Según el proyecto, alrededor del 50 % del aceite utilizado se convierte en residuo y, si no se gestiona adecuadamente, puede afectar gravemente al suelo y al agua.

Con la nueva norma, España actualizará su marco jurídico para adaptarlo a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y al Reglamento (UE) 2024/1157 sobre traslados de residuos, reforzando la trazabilidad, la transparencia y la prevención.

Principales novedades del Real Decreto para productores de aceites

El texto se estructura en cinco títulos e introduce medidas destacadas:

  • Prevención y regeneración prioritaria: Se refuerza la jerarquía de residuos, dando prioridad a la regeneración de aceites usados frente a su valorización energética o eliminación. Se establecen objetivos mínimos de regeneración del 75 % en 2028, 80 % en 2030 y 90 % en 2035.
  • Responsabilidad ampliada del productor (RAP). Los productores deberán financiar y organizar la recogida y tratamiento de los aceites usados generados, así como inscribirse en una nueva sección específica del Registro de Productores de Productos.
  • Planes empresariales de prevención. Los productores que introduzcan en el mercado más de 10 toneladas anuales de aceite industrial deberán elaborar un plan de prevención de aceites industriales usados, identificando mecanismos para:

– Promover la prevención y la regeneración de aceites usados (artículo 5).

– Alargar la vida útil de los aceites, mejorar sus características y facilitar su regeneración o reciclado.

  • Obligaciones de información digitalizada: La comunicación de datos sobre aceites comercializados, recogidos y regenerados será íntegramente electrónica, en línea con el Sistema eSIR.
  • Principio de proximidad y autosuficiencia: Conforme al artículo 9 de la Ley 7/2022, y con el fin de garantizar la valorización en condiciones ambientalmente seguras, los aceites industriales usados deberán tratarse en instalaciones lo más cercanas posible al punto de generación, aplicando tecnologías que aseguren un alto nivel de protección ambiental y de la salud humana.
  • Garantías financieras y trazabilidad. Se refuerzan las garantías económicas de los sistemas de responsabilidad ampliada. También se refuerzan los requisitos técnicos para la regeneración, con criterios de calidad basados en normas UNE e ISO (pág. 62 del proyecto).
  • Régimen sancionador e inspección: Se integran los mecanismos de control previstos en la Ley 7/2022, garantizando la correcta aplicación del principio de “quien contamina, paga”.

Novedades para los productores o poseedores de aceites industriales usados

El texto también establece obligaciones específicas para quienes generen aceites industriales usados, entre ellas:

  1. Separar la totalidad de los aceites industriales generados y almacenarlos en condiciones adecuadas que permitan su conservación, su correcta recogida y eviten su vertido, evitando especialmente las mezclas con agua u otros residuos.
  2. Asegurar el tratamiento de la totalidad del aceite usado generado conforme a lo previsto en el real decreto y disponer de la acreditación documental correspondiente. Para ello, deberán entregarlo directamente a un gestor autorizado. Puede ser de forma individual o a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en los términos establecidos por estos.

Una transición con calendario definido

El Real Decreto prevé un plazo de un año de adaptación para productores y gestores desde su entrada en vigor. Habrá disposiciones transitorias que facilitarán la migración de los actuales sistemas integrados de gestión hacia los nuevos modelos de responsabilidad ampliada del productor.

Estar al día: una necesidad estratégica para el sector

La actualización de esta norma afectará directamente a fabricantes, importadores, distribuidores y gestores de aceites industriales. Con la futura entrada en vigor del nuevo Real Decreto, será esencial disponer de ciertas herramientas. Nos referimos a aquellas que permitan seguir en tiempo real las novedades legislativas en materia de residuos, trazabilidad y responsabilidad ambiental.

EcoGestor Legislación, la plataforma de Eurofins Environment Testing Spain, ofrece el servicio más completo para mantenerse informado sobre la evolución de este y otros desarrollos normativos ambientales, garantizando el cumplimiento legal de su organización.

calculador APQ

Nuevo calculador APQ del INSST: una herramienta clave para la gestión segura del almacenamiento de productos químicos
Nuevo calculador APQ del INSST: una herramienta clave para la gestión segura del almacenamiento de productos químicos 1200 800 Eurofins EcoGestor

La gestión del almacenamiento de productos químicos peligrosos requiere precisión, cumplimiento normativo y herramientas fiables. En este contexto, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) ha lanzado una nueva herramienta digital: el calculador APQ, una aplicación diseñada para facilitar el cumplimiento del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ), establecido por el Real Decreto 656/2017. 

Una herramienta para verificar la aplicación del RAPQ 

El calculador APQ permite comprobar de forma sencilla si una situación concreta se encuentra dentro del ámbito de aplicación del RAPQ. A partir de las indicaciones de peligro (frases H) y las cantidades de producto almacenadas, la herramienta determina si las instalaciones deben cumplir las exigencias del reglamento. 

De este modo, se convierte en un recurso práctico tanto para responsables de prevención de riesgos laborales como para técnicos de seguridad industrial, ya que ofrece un primer diagnóstico sobre la necesidad de aplicar las medidas previstas en el Real Decreto 656/2017. 

Compatibilidad del almacenamiento conjunto 

Además de evaluar la aplicabilidad del reglamento, el calculador APQ incorpora un módulo para analizar la compatibilidad del almacenamiento conjunto de sustancias químicas peligrosas. Esta funcionalidad resulta esencial para evitar reacciones peligrosas o situaciones de riesgo derivadas de una mala gestión del espacio de almacenamiento. 

La herramienta analiza las propiedades de las sustancias y emite una recomendación sobre si pueden almacenarse juntas en recipientes móviles, ayudando a prevenir incidentes antes de que se produzcan. 

Digitalización y seguridad industrial 

El lanzamiento del calculador APQ se enmarca en la estrategia de digitalización del INSST, que busca ofrecer soluciones tecnológicas que faciliten el cumplimiento de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales y seguridad industrial. 

En un momento en que la gestión de productos químicos es cada vez más compleja, disponer de herramientas de apoyo técnico como esta contribuye a mejorar la trazabilidad, reducir errores y reforzar la cultura preventiva en las organizaciones. 

Gestión de los controles legales APQ con EcoGestor GMAO 

Desde Eurofins EcoGestor ayudamos a las empresas a mantener al día todos los controles legales derivados del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (RAPQ). Con nuestra herramienta EcoGestor GMAO, es posible planificar, registrar y verificar automáticamente las inspecciones y mantenimientos obligatorios de cada instalación o equipo afectado por el reglamento. 

Esta solución digital permite centralizar la información, generar alertas preventivas y garantizar la trazabilidad documental exigida por la normativa, evitando olvidos o incumplimientos. De este modo, las organizaciones pueden tener la seguridad de cumplir con los requisitos legales del RAPQ de manera eficiente y totalmente controlada. 

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Ley de Deforestación

España avanza hacia la Ley de Deforestación
España avanza hacia la Ley de Deforestación 1200 800 Eurofins EcoGestor

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 17 de junio de 2025, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el inicio de la tramitación formal del Anteproyecto de Ley de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 European Union Deforestation Regulation (EUDR), relativo a la comercialización de productos libres de deforestación. Esta norma permitirá garantizar el cumplimiento del reglamento europeo EUDR, que tiene como objetivo reducir al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación y degradación forestal global.

De acuerdo con el calendario fijado por la normativa comunitaria, las nuevas obligaciones serán exigibles a partir del 30 de diciembre de 2025 para medianas y grandes empresas, y desde el 30 de junio de 2026 para operadores que sean micro y pequeñas empresas.

Un marco legal para asegurar productos libres de deforestación

El texto legislativo establece las bases para garantizar que determinadas materias primas —como ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera— solo puedan comercializarse si están libres de deforestación, han sido producidas conforme a la legislación del país de origen y cuentan con una declaración de diligencia debida válida.

Con esta norma, España dará cumplimiento al Reglamento EUDR, que sustituye al antiguo Reglamento (UE) n ° 995/2010 sobre la comercialización de la madera (EUTR), ampliando significativamente su alcance y los mecanismos de control

Creación de la Oficina de Lucha contra la Deforestación asociada al Comercio

El Anteproyecto contempla la creación de la Oficina de Lucha contra la Deforestación asociada al Comercio, que actuará como autoridad estatal competente EUDR y coordinará las actuaciones entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

Además, se establecerá la Comisión Estatal para la Comercialización de Productos Libres de Deforestación, un órgano consultivo que facilitará la cooperación administrativa, junto a un repositorio estatal de información EUDR, donde se centralizarán los datos sobre operadores, comerciantes y controles.

Se incorporan también previsiones específicas para garantizar la protección de datos, mecanismos de adaptación normativa, y disposiciones transitorias que aseguran la coherencia con el marco anterior (Reglamento EUTR y Reglamento FLEGT), así como modificaciones normativas en la Ley de Montes y la derogación del Real Decreto 1088/2015 de comercialización de la madera.

Control y diligencia debida: responsabilidad empresarial reforzada

Las empresas que introduzcan o comercialicen los productos afectados deberán demostrar la trazabilidad completa de sus materias primas, acreditando su geolocalización, cumplimiento normativo y ausencia de deforestación. Asimismo, tendrán la obligación de ejercer la diligencia debida antes de poner los productos en el mercado y mantener registros documentales durante un mínimo de cinco años.

El texto propuesto establece el régimen sancionador, los procedimientos de control, y los mecanismos de coordinación entre administraciones implicadas —estatales y autonómicas— para asegurar una aplicación eficaz de las nuevas obligaciones comunitarias.

Aplicación paralela del sistema FLEGT

Junto al Reglamento EUDR, el anteproyecto refuerza el sistema de licencias FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade”, en castellano “Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestal”), que continuará operativo para los países con acuerdos voluntarios de asociación con la Unión Europea.

La Oficina de Lucha contra la Deforestación actuará también como autoridad competente FLEGT, encargada de validar las licencias, coordinar los controles en frontera y garantizar la legalidad del comercio de productos de madera.

Una ley clave para la política forestal española y el Pacto Verde Europeo

La norma refuerza los compromisos asumidos en el Pacto Verde Europeo y en la Estrategia Forestal Española, alineando la política forestal nacional con los objetivos de neutralidad climática y conservación de la biodiversidad.

España, segundo país de la UE en superficie forestal, contará así con un sistema integrado de control, sanciones y cooperación interadministrativa para garantizar que el consumo interno no contribuya a la deforestación global.

Mantente al día sobre la nueva Ley de Deforestación

El seguimiento de este anteproyecto y del Reglamento EUDR será esencial para importadores, distribuidores y empresas que comercialicen materias primas o productos derivados.

A través de EcoGestor Legislación, es posible recibir alertas personalizadas sobre nuevas leyes, reglamentos europeos y proyectos legislativos en curso, como la futura Ley de Deforestación. Consulta en EcoGestor Legislación las últimas novedades sobre la Ley de Deforestación y otros proyectos legislativos ambientales.

Ley de Consumo Sostenible

Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible: hacia un nuevo modelo de consumo responsable en España
Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible: hacia un nuevo modelo de consumo responsable en España 1200 800 Eurofins EcoGestor

Justo cuando la conciencia ambiental y la exigencia social cambian de rumbo, surge una normativa destinada a transformar la forma en la que compramos, usamos y gestionamos los productos. El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible se perfila como una de las piezas clave para conectar los derechos de las personas consumidoras con la transición ecológica. Su aprobación marcará un punto de inflexión en el mercado español.

Un modelo de consumo en revisión

El actual modelo de “comprar, usar y desechar” genera impactos crecientes sobre los recursos naturales y la gestión de residuos. El anteproyecto destaca la necesidad de alinear el consumo con los objetivos europeos de sostenibilidad. Plantean conseguirlo incorporando medidas contra la obsolescencia programada, el greenwashing y la baja durabilidad de los bienes.

En este contexto, las empresas deberán adaptarse a nuevas exigencias en materia de transparencia, garantías, etiquetado y publicidad ambiental.

Principales novedades del Anteproyecto de Ley

El texto modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, para incorporar las Directivas (UE) 2024/1799 y (UE) 2024/825.

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

  • Etiqueta armonizada de durabilidad: los productos con una garantía comercial superior a dos años deberán indicarlo claramente.
  • Mayor transparencia en la información: las empresas deberán detallar la durabilidad, reparabilidad y disponibilidad de repuestos.
  • Limitación de la publicidad engañosa y ambiental: se prohíben las declaraciones medioambientales sin base técnica verificable.
  • Prohibición de publicidad de productos contaminantes: no podrán anunciarse productos o servicios que dependan de combustibles fósiles o generen un alto impacto ambiental.
  • Refuerzo del marco sancionador: se amplía la definición de prácticas desleales, incluyendo aquellas relacionadas con información ambiental ambigua o imprecisa.

Un cambio que afectará a todo el tejido empresarial

Para las empresas, la Ley de Consumo Sostenible implicará adaptar su comunicación comercial, revisar sus políticas de garantía y revisar los mensajes publicitarios para garantizar su veracidad y respaldo técnico. Para las personas consumidoras, supondrá mayor confianza y capacidad de elección basada en información transparente y fiable.

Hacia un consumo más transparente y sostenible

El anteproyecto forma parte del Plan de Acción de Producción y Consumo Sostenibles, que busca una economía más circular, responsable y orientada a la durabilidad de los productos.

EcoGestor Legislación

La Ley de Consumo Sostenible marcará un antes y un después en la forma de producir, consumir y comunicar la sostenibilidad en España. Para mantenerse al día de su evolución y de otras normas en tramitación, la mejor herramienta es EcoGestor Legislación, el servicio de actualización legal que permite a las organizaciones conocer en tiempo real las últimas novedades legislativas y proyectos legislativos en curso.

Mantente siempre informado sobre las últimas novedades normativas. Descubre EcoGestor Legislación, la plataforma más completa para el seguimiento de leyes, reglamentos y proyectos legislativos en materia ambiental y de consumo.

guía RSCIEI

Publicada la guía RSCIEI: aclaraciones para aplicar el nuevo reglamento de seguridad contra incendios en industrias
Publicada la guía RSCIEI: aclaraciones para aplicar el nuevo reglamento de seguridad contra incendios en industrias 1022 681 Eurofins EcoGestor

En mayo de 2025 entró en vigor el Real Decreto 164/2025, de 4 de marzo, que aprueba el nuevo Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales (RSCIEI). Desde entonces, el sector ha solicitado con frecuencia un documento de referencia que facilite una interpretación y aplicación uniforme del reglamento.

Ese documento ya está disponible: se trata de la guía de aplicación de la RSCIEI, publicada en su primera versión como borrador y abierta a participación pública hasta el 25 de octubre de 2025. 

Una guía técnica de carácter no vinculante 

La guía se ha elaborado al amparo de la disposición final décima del Real Decreto 164/2025, que faculta a la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa para preparar un texto de apoyo. Aunque su carácter es no vinculante, sí pretende servir como orientación práctica tanto para empresas como para administraciones públicas. 

Asimismo, el documento incorpora el texto del propio real decreto con recuadros sombreados que contienen aclaraciones técnicas, con el fin de dar respuesta a consultas frecuentes recibidas por la Dirección General y recogiendo, además, aportaciones consensuadas con las Comunidades Autónomas. 

Contenido y alcance 

La guía RSCIEI no es una norma independiente, sino un complemento que ayuda a interpretar la legislación vigente. Entre sus objetivos destacan: 

  • Facilitar una aplicación homogénea del reglamento en todo el territorio. 
  • Aclarar conceptos generales y cuestiones técnicas. 
  • Integrar observaciones y matices de las Comunidades Autónomas. 
  • Ofrecer un marco práctico para el cumplimiento normativo en materia de seguridad industrial. 

Es importante tener en cuenta que el reglamento se enmarca en un ecosistema legislativo más amplio, relacionado con normativa sobre productos, instalaciones y construcciones no industriales. 

Plazos de participación 

El borrador de la guía fue publicado en el portal del Ministerio y está abierto a alegaciones entre el 25 de septiembre y el 25 de octubre de 2025. Tras este periodo, la versión actualizada permanecerá accesible públicamente en la web del Ministerio. 

Una herramienta clave para la industria 

Con esta guía, la Dirección General busca ofrecer seguridad jurídica y unificar criterios de aplicación en un ámbito tan sensible como la protección contra incendios en instalaciones industriales. De este modo, se espera que sirva como un recurso práctico para ingenierías, consultoras, responsables de prevención y personal técnico implicado en el cumplimiento de la normativa. 

Cómo mantenerse actualizado

El marco normativo industrial evoluciona constantemente, con nuevas leyes, reglamentos y guías técnicas que afectan a las empresas. Para garantizar un cumplimiento ágil y sin riesgos, herramientas como EcoGestor Legislación permiten estar siempre al día de las obligaciones legales aplicables, con alertas personalizadas, resúmenes y acceso inmediato a la normativa vigente. 

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Nuevo Real Decreto 712/2025: neumáticos al final de su vida útil (NFVU)
Nuevo Real Decreto 712/2025: neumáticos al final de su vida útil (NFVU) 1120 746 Eurofins EcoGestor

El 27 de agosto de 2025 se publica oficialmente en el BOE el Real Decreto 712/2025. Éste marca un hito en la gestión de los neumáticos al final de su vida útil (NFVU). Su principal objetivo: reducir el impacto ambiental y avanzar hacia una economía circular real.

Este real decreto tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a la puesta en el mercado de neumáticos de reposición en relación con el impacto en la gestión de sus residuos. También tiene por objeto establecer el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión de los neumáticos al final de su vida útil. Esto se refiere a los neumáticos generados por el montaje de los neumáticos que fueron puestos en el mercado de reposición por sus productores. El objetivo es prevenir y reducir su impacto en el medio ambiente a lo largo de todo su ciclo de vida.

Se trata de una completa revisión de la normativa en esta materia con el fin de adecuarla al nuevo marco legal en materia de residuos y suelos contaminados establecido por la Ley 7/2022. Asimismo, se pretende adecuar a las previsiones de la Directiva (UE) 2018/851. Igualmente, se pretende resolver deficiencias o ambigüedades como la adaptación de los sistemas de responsabilidad ampliada de los productores, así como la regulación de las obligaciones de información y del régimen de garantías financieras aplicables a dichos sistemas.

Qué cambia este decreto

  • Responsabilidad clara y directa: Productores y poseedores deben entregar los NFVU a gestores autorizados, o bien gestionar su tratamiento si obtienen autorización.
  • Recogida profesional en puntos limpios: Las administraciones locales y autonómicas establecerán convenios para recoger neumáticos en puntos limpios con zonas específicas y equipadas.
  • Gestores bajo máxima supervisión: Las entidades autorizadas deben inscribirse en el registro oficial y, salvo los transportistas, constituir una fianza que asegure el cumplimiento de sus obligaciones.
  • Prohibiciones contundentes: Queda prohibido el abandono, vertido incontrolado o depósito en vertederos (salvo como elementos técnicos en estos mismos).
  • Control y transparencia: Se obliga a enviar anualmente informes detallados sobre gestión y tratamiento de los NFVU a las administraciones públicas pertinentes.
  • Impulso al reciclado: El decreto incluye una disposición adicional para incentivar el uso de materiales reciclados provenientes de neumáticos, consolidando el paso hacia una economía circular.
  • Inclusión de nuevas definiciones: Se añaden las definiciones del productor de neumáticos y la de productor de neumáticos al final de su vida útil, así como las definiciones específicas del sector del neumático, entre ellas, las de neumáticos de reposición, primera puesta en el mercado, neumático de segunda mano, neumático recauchutado y carcasa.
  • Adaptación de los Sistemas de Responsabilidad Ampliada a la normativa estatal (Ley 7/2022 de residuos): Se actualiza la constitución de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor y las normas para su funcionamiento, de conformidad con lo previsto en el título IV de la Ley 7/2022.

    En este sentido, se obliga a todos los productores de neumáticos a pertenecer a un sistema individual o colectivo de responsabilidad ampliada del productor para garantizar la recogida de los neumáticos fuera de uso y su correcta gestión, dándoles de plazo de adaptación hasta el 28/08/2026.

    Los productores que opten por un sistema individual deben presentar ante el órgano competente autonómico una comunicación previa acompañada de garantía financiera.

    Por su parte, los sistemas colectivos, antes del inicio de su actividad deben obtener autorización del órgano competente de la comunidad autónoma donde radique su sede social, incluyendo también en la solicitud una garantía financiera. La autorización tiene una validez de 8 años.

    Los sistemas ya existentes a fecha 28/08/2025 tienen de plazo hasta el 28/02/2026 para presentar la comunicación previa o solicitud de autorización, según corresponda, quedando con ello inscritos de oficio en el Registro de Producción y Gestión de Residuos.

    Tanto los sistemas individuales como los colectivos deben presentar la siguiente documentación anualmente:

    – Antes del 31 de mayo deben remitir un informe anual a la autoridad autonómica competente y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre sus actividades del año natural precedente, incluyendo una auditoría de sus cuentas.

    – Antes del 1 de septiembre deben presentar sus cuentas anuales a la Comisión de coordinación en materia de residuos.

    Los productores de neumáticos deben aportar una contribución financiera para cubrir los costes de la gestión. Esto se refiere, por ejemplo, a los costes relativos a la recogida, el transporte y el tratamiento, comunicación de datos o garantías financieras. Esta contribución se calculará por cada neumático de reposición puesto por primera vez en el mercado.

  • Planes empresariales de prevención de residuos: El productor ya tenía la obligación de elaborar planes de prevención de Neumáticos Fuera de Uso o participar de los planes elaborados por el SCRAP, en el que participan. Se limita a aquellos productores que pongan en el mercado nacional de reposición una cantidad neta superior a 250 toneladas a lo largo de un año natural. Los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor podrán ser los responsables de la elaboración y seguimiento del Plan. No obstante, serán los productores los que tengan que cumplir individualmente las obligaciones. Además, se regula el contenido mínimo que deben incluir esos planes empresariales.

    Los productores que tengan la obligación de elaborar un plan empresarial de prevención de residuos dispondrán para llevarlo a efecto como máximo antes del 28/02/2026. Los planes aprobados de conformidad con lo señalado en el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, y que se encuentren en aplicación el 28/08/2025 continuarán siendo de aplicación hasta la elaboración de los nuevos planes.

  • Objetivos de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética 2025-2035: Los productores de neumáticos deben garantizar que se alcanzan, como mínimo, los objetivos de preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética para 2025, 2030 y 2035, que son:

a) En el año 2025:

1.º Como mínimo, el 15 % en peso de preparación para la reutilización.

2.º Como mínimo, el 50 % en peso de reciclado y valorización material del total del conjunto de materiales. Además, el 100 % en peso de reciclado del acero.

3.º Como máximo, el 35 % en peso de valorización energética.

b) En 2030:

1.º Como mínimo, el 15 % en peso de preparación para la reutilización.

2.º Como mínimo, el 59 % del total en peso de reciclado y valorización material del conjunto de materiales. También el 100 % en peso de reciclado del acero.

3.º Como máximo, el 26 % en peso de valorización energética.

c) En el año 2035:

1.º Como mínimo, el 15 % en peso de preparación para la reutilización.

2.º Como mínimo, el 65 % del total en peso de reciclado y valorización material del conjunto de materiales. Además, el 100 % en peso de reciclado del acero.

3.º Como máximo, el 20 % en peso de valorización energética.

  • Nueva información que facilitar a los consumidores, usuarios, público en general, organizaciones no gubernamentales y otros: Los productores de neumáticos deben incluir en la factura de venta al consumidor final el número de inscripción en el Registro de Productores de Productos, así como el coste asociado a la gestión ambiental del residuo que generará el neumático al final de su vida útil.

Esta información debe figurar también en todas las facturas emitidas durante la cadena de comercialización hasta llegar al consumidor. Por otro lado, los comercializadores de neumáticos de segunda mano están obligados a entregar, en el momento de la venta, una copia del documento de inspección y verificación conforme a la norma UNE 69051:2017. Éste certifica que el neumático ha superado los controles necesarios para ser considerado reutilizable. Este documento puede incluirse en la factura y entregarse preferentemente en formato electrónico, especialmente cuando el cliente sea una persona jurídica. También son válidos soportes como códigos QR.

  • Incineración de los neumáticos al final de su vida útil: Se prohíbe la incineración, con o sin valorización energética, de los neumáticos al final de su vida útil susceptibles de ser preparados para reutilización o reciclado.

Este real decreto fortalece el marco legal vigente (Ley 7/2022) y mejora su aplicación práctica. Se aleja de las políticas dispersas, asegurando responsabilidad clara, control efectivo y un enfoque ambiental moderno y eficiente.

Para los actores involucrados —productores, talleres, gestores o administraciones— representa una oportunidad para garantizar una gestión más sostenible y transparente.

Por último, queda derogado el Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre.

EcoGestor Legislación: la herramienta para estar al día 

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Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas

Nuevo anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas
Nuevo anteproyecto de Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas 1200 800 Eurofins EcoGestor

Un paso decisivo para blindar los servicios esenciales frente a amenazas complejas y garantizar la continuidad operativa en sectores estratégicos 

El Consejo de ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas, una norma clave que pone el foco en la seguridad de las infraestructuras esenciales de España. Esta iniciativa, alineada con la Directiva (UE) 2022/2557, introduce un sistema estructurado y exigente de obligaciones para los operadores responsables de servicios fundamentales como energía, agua, salud, transporte o alimentación. 

La urgencia de actuar: una respuesta a riesgos reales 

España, como el resto de la Unión Europea, enfrenta un escenario cada vez más complejo en términos de seguridad de infraestructuras. Eventos recientes como el apagón eléctrico del pasado 28 de abril han evidenciado la vulnerabilidad de ciertos servicios esenciales. En este contexto, el Gobierno ha decidido adaptar la legislación nacional a la Directiva (UE) 2022/2557, creando un sistema más eficaz para proteger las llamadas entidades críticas. 

Estas entidades, identificadas en función del impacto que tendría una interrupción en sus operaciones, serán incorporadas a un nuevo Catálogo Nacional de Entidades Críticas, cuyo mantenimiento correrá a cargo del Ministerio del Interior. 

¿Qué establece la nueva ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas? 

El anteproyecto establece un marco normativo robusto, con obligaciones claras para las entidades que sean designadas como críticas: 

  • Planes de resiliencia: cada entidad deberá identificar sus riesgos y adoptar medidas organizativas y técnicas para prevenir, responder y recuperarse ante incidentes. 
  • Notificación de incidentes: se impone el deber de informar rápidamente sobre cualquier interrupción relevante del servicio. 
  • Evaluación del personal: se requerirán comprobaciones de antecedentes para trabajadores que ocupen puestos sensibles. 
  • Designación de responsables: las entidades deberán nombrar un responsable de seguridad y resiliencia, que será el enlace con las autoridades. 

Este enfoque preventivo y colaborativo busca garantizar la continuidad operativa de servicios estratégicos, incluso en situaciones de crisis. 

Un nuevo marco institucional 

La autoridad nacional competente en esta materia será la Secretaría de Estado de Seguridad, que actuará a través del recientemente creado Centro Nacional para la Protección y Resiliencia de Entidades Críticas (CNPREC). Esta unidad sustituirá al anterior CNPIC y contará con mayores competencias para coordinar la protección de infraestructuras esenciales. 

Asimismo, se establecerá la Comisión Nacional para la Protección y Resiliencia de las Entidades Críticas, órgano encargado de aprobar planes sectoriales y apoyar la designación de entidades críticas en colaboración con los ministerios competentes. 

Participación ciudadana y próximos pasos 

El texto legal, que estuvo en fase de audiencia e información pública hasta el 10 de junio de 2025, será elevado al Congreso para su tramitación legislativa. 

EcoGestor Legislación: la herramienta para estar al día 

En un contexto normativo en constante evolución, EcoGestor Legislación te ayuda a mantenerte informado en tiempo real sobre cambios legales como este. La nueva Ley de Protección y Resiliencia de Entidades Críticas marcará un antes y un después para cientos de entidades públicas y privadas, obligadas a cumplir con requisitos nuevos y exigentes en materia de continuidad operativa y seguridad estratégica. 

Gracias a EcoGestor Legislación, tu organización podrá: 

  • Recibir alertas automáticas sobre esta ley y otras relacionadas. 
  • Consultar el texto completo del anteproyecto actualizado. 
  • Acceder a análisis técnicos y sectoriales de impacto legal. 
  • Documentar el cumplimiento de las obligaciones que impone esta normativa. 

¿Formas parte de una infraestructura esencial? Consulta cómo prepararte ante la nueva ley

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