El Gobierno de España prepara un nuevo Real Decreto sobre gases fluorados de efecto invernadero, refrigerantes naturales y los equipos que los contienen, cuyo borrador ha estado en información pública en 2025. La norma sustituirá al Real Decreto 115/2017, reforzando el marco legal para la comercialización, uso y formación de profesionales, y adaptando el ordenamiento español a los Reglamentos (UE) 2024/573 y 2024/590 del Parlamento Europeo y del Consejo.

El texto se enmarca en la estrategia del Pacto Verde Europeo y en el objetivo de alcanzar una Unión Europea climáticamente neutra en 2050, limitando las emisiones de gases de efecto invernadero con alto potencial de calentamiento atmosférico (PCA o GWP) y regulando las sustancias que agotan la capa de ozono.

Una regulación más estricta y adaptada a los nuevos reglamentos europeos

El proyecto de real decreto responde a la necesidad de actualizar y reforzar el control sobre la comercialización y manipulación de gases fluorados, alineándose con las disposiciones del Reglamento (UE) 2024/573, que endurece el sistema de cuotas de importación y producción de hidrofluorocarbonos (HFC) hasta reducirlos a cero en 2050.

Entre sus principales objetivos, la futura norma busca:

• Reducir las emisiones derivadas del uso de gases fluorados mediante el impulso de refrigerantes naturales (como el CO₂, NH₃ o propano).
• Controlar la comercialización de equipos que empleen gases fluorados de alto PCA, limitando su puesta en el mercado cuando existan alternativas seguras.
• Reforzar la trazabilidad y la transparencia mediante la creación de registros electrónicos unificados para empresas, instaladores, centros formativos, equipos y gases utilizados.
• Regular la formación y certificación de profesionales que manipulen estos gases o sus sustitutos, con nuevos certificados personales adaptados al Reglamento (UE) 2024/573, válidos en toda la Unión Europea.

Formación y certificación de profesionales

El Título II del proyecto establece un nuevo sistema de certificación profesional dividido en distintas categorías (A1 a M4), según el tipo de instalación o gas manipulado. Por ejemplo:

El nuevo registro electrónico unificado, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, incluirá secciones para profesionales certificados, centros formativos, equipos instalados y uso de gases en hospitales, garantizando un seguimiento digital completo de la cadena de suministro y uso.

Refuerzo del control ambiental y prevención de fugas

El proyecto introduce nuevos requisitos técnicos para instalaciones que emitan gases fluorados y obliga a recuperar los gases contenidos en espumas de aislamiento antes de la demolición o reforma de edificios. También prevé la cooperación entre administraciones y cuerpos de seguridad en la lucha contra el tráfico ilegal de gases fluorados. Por último, incluye la posibilidad de subastar gases incautados cumpliendo las normas ambientales.

El texto, estructurado en siete títulos y varios anexos, culmina con un régimen sancionador reforzado que remite a la Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera. Deroga expresamente el Real Decreto 115/2017.

Estar al día: una herramienta clave para el cumplimiento

La nueva normativa sobre gases fluorados supondrá un cambio profundo para empresas instaladoras, distribuidores, fabricantes, técnicos y gestores ambientales. En un contexto de creciente exigencia regulatoria, anticiparse a los cambios será esencial para evitar incumplimientos y sanciones.

EcoGestor Legislación permite consultar en tiempo real las novedades legislativas en materia de cambio climático, atmósfera y residuos. Además, ofrece alertas, análisis y seguimiento de los proyectos normativos como éste.

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La regulación española sobre aceites industriales y sus residuos se actualizará para alinearse con los principios de economía circular y reforzar la responsabilidad ampliada del productor.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico cerró el 31 de julio de 2025 el periodo de información pública del Proyecto de Real Decreto por el que se regularán los aceites industriales y sus residuos, una norma que sustituirá al Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, y que marcará un punto de inflexión en la gestión de este flujo de residuos peligrosos.

El proyecto de real decreto actualiza lo dispuesto en el Real Decreto 679/2006 para adaptar el régimen jurídico de los aceites industriales a lo establecido en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y al progreso técnico, en línea con los principios de economía circular, autosuficiencia y proximidad. En particular, establece el régimen jurídico aplicable a la producción y gestión de los aceites industriales usados y define la responsabilidad ampliada de los productores de aceites industriales puestos en el mercado nacional.

Una revisión necesaria ante los nuevos retos medioambientales

Los aceites industriales —imprescindibles en automoción, maquinaria y procesos industriales— generan, al final de su vida útil, un residuo con alto potencial contaminante. Según el proyecto, alrededor del 50 % del aceite utilizado se convierte en residuo y, si no se gestiona adecuadamente, puede afectar gravemente al suelo y al agua.

Con la nueva norma, España actualizará su marco jurídico para adaptarlo a la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y al Reglamento (UE) 2024/1157 sobre traslados de residuos, reforzando la trazabilidad, la transparencia y la prevención.

Principales novedades del Real Decreto para productores de aceites

El texto se estructura en cinco títulos e introduce medidas destacadas:

Novedades para los productores o poseedores de aceites industriales usados

El texto también establece obligaciones específicas para quienes generen aceites industriales usados, entre ellas:

1. Separar la totalidad de los aceites industriales generados y almacenarlos en condiciones adecuadas que permitan su conservación, su correcta recogida y eviten su vertido, evitando especialmente las mezclas con agua u otros residuos.
2. Asegurar el tratamiento de la totalidad del aceite usado generado conforme a lo previsto en el real decreto y disponer de la acreditación documental correspondiente. Para ello, deberán entregarlo directamente a un gestor autorizado. Puede ser de forma individual o a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor en los términos establecidos por estos.

Una transición con calendario definido

El Real Decreto prevé un plazo de un año de adaptación para productores y gestores desde su entrada en vigor. Habrá disposiciones transitorias que facilitarán la migración de los actuales sistemas integrados de gestión hacia los nuevos modelos de responsabilidad ampliada del productor.

Estar al día: una necesidad estratégica para el sector

La actualización de esta norma afectará directamente a fabricantes, importadores, distribuidores y gestores de aceites industriales. Con la futura entrada en vigor del nuevo Real Decreto, será esencial disponer de ciertas herramientas. Nos referimos a aquellas que permitan seguir en tiempo real las novedades legislativas en materia de residuos, trazabilidad y responsabilidad ambiental.

EcoGestor Legislación, la plataforma de Eurofins Environment Testing Spain, ofrece el servicio más completo para mantenerse informado sobre la evolución de este y otros desarrollos normativos ambientales, garantizando el cumplimiento legal de su organización.

El Consejo de Ministros ha aprobado el pasado 17 de junio de 2025, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el inicio de la tramitación formal del Anteproyecto de Ley de aplicación del Reglamento (UE) 2023/1115 European Union Deforestation Regulation (EUDR), relativo a la comercialización de productos libres de deforestación. Esta norma permitirá garantizar el cumplimiento del reglamento europeo EUDR, que tiene como objetivo reducir al mínimo la contribución de la Unión Europea a la deforestación y degradación forestal global.

De acuerdo con el calendario fijado por la normativa comunitaria, las nuevas obligaciones serán exigibles a partir del 30 de diciembre de 2025 para medianas y grandes empresas, y desde el 30 de junio de 2026 para operadores que sean micro y pequeñas empresas.

Un marco legal para asegurar productos libres de deforestación

El texto legislativo establece las bases para garantizar que determinadas materias primas —como ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera— solo puedan comercializarse si están libres de deforestación, han sido producidas conforme a la legislación del país de origen y cuentan con una declaración de diligencia debida válida.

Con esta norma, España dará cumplimiento al Reglamento EUDR, que sustituye al antiguo Reglamento (UE) n ° 995/2010 sobre la comercialización de la madera (EUTR), ampliando significativamente su alcance y los mecanismos de control

Creación de la Oficina de Lucha contra la Deforestación asociada al Comercio

El Anteproyecto contempla la creación de la Oficina de Lucha contra la Deforestación asociada al Comercio, que actuará como autoridad estatal competente EUDR y coordinará las actuaciones entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas.

Además, se establecerá la Comisión Estatal para la Comercialización de Productos Libres de Deforestación, un órgano consultivo que facilitará la cooperación administrativa, junto a un repositorio estatal de información EUDR, donde se centralizarán los datos sobre operadores, comerciantes y controles.

Se incorporan también previsiones específicas para garantizar la protección de datos, mecanismos de adaptación normativa, y disposiciones transitorias que aseguran la coherencia con el marco anterior (Reglamento EUTR y Reglamento FLEGT), así como modificaciones normativas en la Ley de Montes y la derogación del Real Decreto 1088/2015 de comercialización de la madera.

Control y diligencia debida: responsabilidad empresarial reforzada

Las empresas que introduzcan o comercialicen los productos afectados deberán demostrar la trazabilidad completa de sus materias primas, acreditando su geolocalización, cumplimiento normativo y ausencia de deforestación. Asimismo, tendrán la obligación de ejercer la diligencia debida antes de poner los productos en el mercado y mantener registros documentales durante un mínimo de cinco años.

El texto propuesto establece el régimen sancionador, los procedimientos de control, y los mecanismos de coordinación entre administraciones implicadas —estatales y autonómicas— para asegurar una aplicación eficaz de las nuevas obligaciones comunitarias.

Aplicación paralela del sistema FLEGT

Junto al Reglamento EUDR, el anteproyecto refuerza el sistema de licencias FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade”, en castellano “Aplicación de leyes, gobernanza y comercio forestal”), que continuará operativo para los países con acuerdos voluntarios de asociación con la Unión Europea.

La Oficina de Lucha contra la Deforestación actuará también como autoridad competente FLEGT, encargada de validar las licencias, coordinar los controles en frontera y garantizar la legalidad del comercio de productos de madera.

Una ley clave para la política forestal española y el Pacto Verde Europeo

La norma refuerza los compromisos asumidos en el Pacto Verde Europeo y en la Estrategia Forestal Española, alineando la política forestal nacional con los objetivos de neutralidad climática y conservación de la biodiversidad.

España, segundo país de la UE en superficie forestal, contará así con un sistema integrado de control, sanciones y cooperación interadministrativa para garantizar que el consumo interno no contribuya a la deforestación global.

Mantente al día sobre la nueva Ley de Deforestación

El seguimiento de este anteproyecto y del Reglamento EUDR será esencial para importadores, distribuidores y empresas que comercialicen materias primas o productos derivados.

A través de EcoGestor Legislación, es posible recibir alertas personalizadas sobre nuevas leyes, reglamentos europeos y proyectos legislativos en curso, como la futura Ley de Deforestación. Consulta en EcoGestor Legislación las últimas novedades sobre la Ley de Deforestación y otros proyectos legislativos ambientales.

Justo cuando la conciencia ambiental y la exigencia social cambian de rumbo, surge una normativa destinada a transformar la forma en la que compramos, usamos y gestionamos los productos. El Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible se perfila como una de las piezas clave para conectar los derechos de las personas consumidoras con la transición ecológica. Su aprobación marcará un punto de inflexión en el mercado español.

Un modelo de consumo en revisión

El actual modelo de “comprar, usar y desechar” genera impactos crecientes sobre los recursos naturales y la gestión de residuos. El anteproyecto destaca la necesidad de alinear el consumo con los objetivos europeos de sostenibilidad. Plantean conseguirlo incorporando medidas contra la obsolescencia programada, el greenwashing y la baja durabilidad de los bienes.

En este contexto, las empresas deberán adaptarse a nuevas exigencias en materia de transparencia, garantías, etiquetado y publicidad ambiental.

Principales novedades del Anteproyecto de Ley

El texto modifica el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, para incorporar las Directivas (UE) 2024/1799 y (UE) 2024/825.

Entre los aspectos más destacados se incluyen:

Un cambio que afectará a todo el tejido empresarial

Para las empresas, la Ley de Consumo Sostenible implicará adaptar su comunicación comercial, revisar sus políticas de garantía y revisar los mensajes publicitarios para garantizar su veracidad y respaldo técnico. Para las personas consumidoras, supondrá mayor confianza y capacidad de elección basada en información transparente y fiable.

Hacia un consumo más transparente y sostenible

El anteproyecto forma parte del Plan de Acción de Producción y Consumo Sostenibles, que busca una economía más circular, responsable y orientada a la durabilidad de los productos.

EcoGestor Legislación

La Ley de Consumo Sostenible marcará un antes y un después en la forma de producir, consumir y comunicar la sostenibilidad en España. Para mantenerse al día de su evolución y de otras normas en tramitación, la mejor herramienta es EcoGestor Legislación, el servicio de actualización legal que permite a las organizaciones conocer en tiempo real las últimas novedades legislativas y proyectos legislativos en curso.

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El Congreso de los Diputados ha aprobado el Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible el 8 de octubre de 2025, con 174 votos a favor y 4 abstenciones, remitiéndolo al Senado para completar su tramitación. Esta ley establece un marco jurídico estable para las políticas públicas de transporte y movilidad, alineado con los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y los compromisos europeos vinculados a los fondos NextGenerationEU.

¿Cuándo será obligatorio disponer de un plan de movilidad?

Una de las principales novedades es la reducción del umbral de trabajadores para exigir planes de movilidad sostenible. A partir de la entrada en vigor de la ley, las empresas con 200 o más empleados por centro de trabajo, o 100 por turno, deberán elaborar planes que fomenten el uso del transporte público, vehículos eléctricos, bicicletas o medidas como la flexibilización horaria y el teletrabajo.

Las empresas dispondrán de 18 meses para diseñar e implementar estos planes, y deberán presentar informes de seguimiento cada dos años.

¿Cuál es el objetivo principal de la movilidad urbana sostenible?

El objetivo principal de la movilidad urbana sostenible es reducir el impacto ambiental del transporte, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y fomentar el uso de medios de transporte más eficientes y menos contaminantes. Esto incluye: